Altagracia Tamayo Madueño, trabajadora social, presidenta del Consejo Binacional por la Diversidad Sexual, Discriminación e Igualdad y la Defensa de los Derechos Humanos de los Grupos Vulnerados (COBINA), Mexicali, Baja California.

Altagracia Tamayo acompaña a trabajadoras sexuales y defiende derechos LGBTTI. La defensora fue víctima de intimidaciones por parte de la policía municipal de Mexicali por ejercer su trabajo. Sufrió hostigamiento por “faltas a la moral” por parte de la policía. Ha sufrido consecuencias relacionadas directamente con su actividad de defensora, como encarcelamiento en tres ocasiones.

“Soy Altagracia Tamayo Madueño, presidenta de COBINA; defendemos los derechos humanos de las personas vulnerables y la comunidad LGBTTI. Creo en la esencia del ser humano, no por ser lesbiana, bisexual, travesti, transgénero, trabajadora sexual o alguien con un salario mínimo se tienen menos derechos que los demás.

Un problema que se mantiene hasta la fecha es el arresto —porque en Baja California no está permitido el ejercicio de la prostitución, pero tampoco está negado—. Hemos luchado para que se reconozca el trabajo sexual como cualquier otro. Muchos cuestionan por qué se dedican a la prostitución; primero, porque no hay políticas públicas que ayuden en los problemas de pobreza extrema. Somos comunidades vulnerables porque no gozamos de las mismas garantías que los demás; por el estigma, la ceguera y la falsa moral. La prostitución no está aprobada, la quieren reglamentar, han cambiado el bando, pero hacen que las trabajadoras no salgan del margen de los hoteles porque si salen de ahí son arrestadas, si les gusta la mujer, les piden favores sexuales.

Exige a las autoridades que actúen

para que México deje de ser uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos.

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Por ejemplo, cuando avisamos del caso de los 24 feminicidios en Mexicali, lo asumieron como muertes por drogadicción, narcomenudeo, robo o pasionales pero no por lo que son, porque el delito no está tipificado. Desde 2011 que comenzaron las muertes, levantamos estadísticas. Hace poco, encontramos a una trabajadora sexual arriba de un mercado abandonado, una mujer joven que por consumir droga le afectaron sus facultades mentales, la vejaron… Son muy crudas las muertes de Baja California, ocurren con saña, con dolo. Se rumora que quizá fue algún policía; yo siempre les digo que antes de ser policías son padres de familia, son hombres, con el uniforme no portan el poder. Nos enteramos —cuando cambiamos nuestras oficinas al centro de la ciudad— que las chicas son acosadas, si alguna le gusta a un policía las someten sexualmente. Si no lo hacen, les siembran droga o las meten a la cárcel. Aquí existe una corrupción muy grande de los cuerpos policiacos, son quienes más violan los derechos de las y los compañeros. Durante todo este tiempo, y desde mucho antes, si se enteran que alguien denuncia ante Derechos Humanos, lo pasean, lo amedrentan para que desista y lo dejan lejos para que tarde en regresar.

Por el año 1993 existían en Mexicali 3,500 trabajadoras sexuales, en el 97 aumentó la cifra a 4,625. Levantamos un censo en cada bar y encontramos que solamente el 1% de ellas eran de Mexicali (habitantes de las orillas de la ciudad que vivían en pobreza extrema); las demás eran migrantes de Puebla, Oaxaca, DF, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Veracruz. Habían llegado con sus niños y encontraron en el trabajo sexual la forma de cubrir sus necesidades básicas. La comunidad a la que ayudamos, ha disminuido. Inicié con 27 personas, actualmente son 12 ó 13, a veces nueve, porque tienen miedo “no vayan a la oficina esa, porque si te veo te voy a chingar”, son las palabras que les dicen. Hemos aprendido a evidenciar las cosas que nos hacen. Los políticos temen más a un periodicazo que a recibirnos para sentarnos a hablar y no llegar a nada. Hemos encontrado otros caminos, salir a la luz, que nos den un rostro y un nombre a todas las personas que estamos defendiendo desde nuestras asociaciones.”

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