Jorge Carrasco Araizaga, periodista del semanario Proceso, México, D.F.

Jorge Carrasco realiza en nombre de la revista mexicana el seguimiento periodístico y legal del asesinato de su colega Regina Martínez en 2012 en el estado de Veracruz. Después de denunciar de forma reiterada incongruencias en la investigación judicial y falta de voluntad política para esclarecer la muerte de su compañera, fue objeto de un plan que pretendía secuestrarlo, obligándole a salir temporalmente del país, razón por la que se encuentra bajo protección policial.

“Mi nombre es Jorge Carrasco Araizaga, soy reportero de la revista Proceso. Desde hace 10 años cubro los temas de seguridad y justicia en los estados de Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Durango, Zacatecas, Guerrero, Nuevo León y Veracruz. Como periodista conocía el peligro de cubrir temas relacionados con el narcotráfico en esos lugares, sin embargo, mi riesgo era menor comparado al de los reporteros locales.

Desde 2006, en Proceso nos enfrentamos a una demanda civil por solicitar el conteo de boletas de las elecciones presidenciales. El desenlace de este proceso fue eliminarnos del presupuesto oficial como castigo por nuestra política editorial. Puedo resumir la relación prensa-poder en México del siguiente modo: “no pago para que me peguen”.

La primera vez que sentí miedo fue cuando la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional, exhibieron a delincuentes públicamente —esto ya era una violación a sus Derechos Humanos por presentarlos como culpables sin un juicio previo— con armas, drogas y revistas de Proceso con notas firmadas por mí. Entonces sentí el peligro, me enfrenté a un riesgo distinto al de cualquier reportero que va a una zona de conflicto, ya que en esta ocasión, era el Estado quien me exponía. Como autor del texto publicado, sentí que podía ser un blanco pero también todo el equipo de Proceso. Después de este evento, el 28 de abril de 2012, asesinaron a Regina Martínez colega y colaboradora de Proceso en Veracruz.

Exige a las autoridades que actúen

para que México deje de ser uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos.

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Cuando confirmamos la muerte de Regina, un grupo de personas de la revista fuimos a Veracruz a reunirnos con el gobierno estatal, quien previamente había mostrado hostilidad a la libertad de prensa, por ejemplo, cuando Regina publicaba una nota desaparecían todo el tiraje. El gobernador prometió investigar y nosotros mostramos nuestro interés en dar seguimiento; yo me convertí en ayudante de la investigación del MP, lo que me permitió conocer el expediente. Durante ese año, escribí cómo el gobierno de Veracruz manipulaba información en medios locales para desviar la atención del caso con rumores. Publicamos la sentencia dictada por la juez, quien, en pocas palabras, no había hecho su trabajo. Fue una fase delicada ya que era mi nombre el que aparecía pidiendo justicia en el expediente; firmé como agraviado y solicité la localización de los responsables para presentarlos ante la justicia. Entonces, comencé a recibir “advertencias” directas e indirectas, amenazas veladas. Por ello publicamos todo el caso que, por fortuna, tuvo un gran eco en los medios nacionales e internacionales. Así comenzó el mecanismo de protección.

Yo soy un hombre libre o al menos lo era. Llevo más de medio año con protección. No me considero un “valiente”, no busco un beneficio personal con este caso; pero lograron su objetivo: no investigo más sobre Regina, no escribo sobre Veracruz ni hago coberturas en el exterior. En este país impera la impunidad y la simulación. No quiero formar parte de eso, yo sólo anhelo hacer mi labor. Somos muchos los periodistas que estamos en estas circunstancias, algunos deben salir de su ciudad y otros más del país. Aunque jugamos un papel fundamental en la sociedad, no somos más que cualquier otro ciudadano.

Cuando se ataca a un periodista deberían de funcionar los protocolos del Estado como con cualquier otra persona, el problema es que en México son tantos los periodistas afectados que se tiene que crear e implementar un mecanismo especial. El Estado mexicano sostiene que posee el mecanismo de protección, sin embargo, esto no basta si no se hace un pronunciamiento político. La gente que opera los mecanismos puede tener la mejor voluntad, las mejores intenciones, pero si no hay esa voluntad política por parte del gobierno, el dispositivo de protección se convierte en una instancia burocrática más, como de hecho sucede hoy en día”.

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