María Teresa Vallejo Pérez, presidenta del Centro de Rehabilitación, Fuerza, Unión y Tolerancia, Tijuana, Baja California.

María Teresa Vallejo brinda asistencia a familiares y personas privadas de la libertad a través de la organización que preside. En mayo de 2011, sujetos desconocidos ingresaron a su domicilio particular y provocaron una fuga de gas. En julio de ese mismo año, una persona armada y encapuchada amenazó a María Teresa Vallejo cuando salía de su casa, advirtiéndole que abandonara su trabajo en las cárceles del estado. La defensora se vio obligada a abandonar Baja California.

“Soy activista y académica. Inicié en la defensa de derechos humanos desde joven, pero hasta la universidad me enfrenté a amenazas cuando formé parte del grupo de alumnos que querían tomar clases y no ser parte de una huelga. Gobernación  supuestamente me estaba apoyando con protección, pero al final fueron ellos quienes me golpearon y me tiraron a un bordo.

Como estudiante de derecho, comencé a trabajar en el sistema penitenciario, hace ya 18 años; trabajé en Islas Marías, ayudé en la contratación del personal del CEFERESO (Centro Federal de Readaptación Social) de Almoloya. Ahí entendí que quienes están presos, independientemente de lo que hicieron, son humanos y merecen una vida digna. Traté de defenderlos, no jurídicamente, sino apelando a un trato digno. La sanción a sus actos ya está dada, no soy juez, pero creo que las necesidades básicas para la vida deben existir. ¿Por qué trabajé esos casos? Porque nadie quiere trabajar con las personas que están privadas de su libertad. Piensan que no son personas, creen que son ‘escoria’ —como les dicen algunos—. Conozco las prisiones desde dentro, pero también conozco al ser humano.

Exige a las autoridades que actúen

para que México deje de ser uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos.

¡Alza la Voz!

En el camino, he creado dos asociaciones: el Centro de Rehabilitación Fuerza Unión y Tolerancia, especializado en temas de salud jurídica, mental, psicológica; y la asociación Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que apoya a los familiares de los presos, quienes no han sido escuchados y no han tenido acceso a la justicia. Fue precisamente por este trabajo con las familias que comenzaron las amenazas, inició con hostigamiento cuando me vetaron como docente de las universidades en Baja California.

Fue por ese tiempo cuando presenté un juicio político, donde exigía que las condiciones de vida de los internos fueran dignas, pero claro, como vivimos en México, en Baja California, nada pasó. Las historias que ahí veía eran estremecedoras, podían infligir castigos, como a un interno que dejaron a pan y agua y encerrado en el cuarto de las escobas. La psicosis y terror al que sometieron a este interno lo llevó al suicido.

Las amenazas comenzaron por advertencias que otras personas me daban, después llamadas de día, tarde y noche con amenazada de muerte. La primera vez me dijeron: ‘te estamos viendo y te estamos apuntando’. Pasaron cuatro años llamándome. Era la misma voz masculina.

Por llevar un caso de tortura psicológica por siete años de un interno también soy una víctima secundaria, porque no es mi asunto, no es mi familia, pero por buscar justicia tuve que salir de Baja California, me criminalizaron. Recuerdo que fue un miércoles cuando me pusieron una pistola en la cabeza, cortaron cartucho. Ya me habían puesto pistolas, pero nunca me habían cortado cartucho, fue un hombre encapuchado. El sábado salí huyendo, dejando todo: ropa, libros, expedientes, todo lo que tiene una casa. Sólo salí con lo que tenía puesto. Así pasaron casi ocho meses, escondida, sin poder salir.

No busqué ayuda con las autoridades, ¿quieren que confíe en ellos, cuando ellos me atacan? Me siento todavía indignada, molesta, tengo que sanar psicológicamente, para recuperar mi vida, tengo que enfrentarme a todos los que me están haciendo daño, quienes me han criminalizado.”

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