Raúl Ramírez Baena, director ejecutivo y presidente de la mesa directiva del Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), Mexicali, Baja California.

Raúl Ramírez Baena se trasladó en los años 80 a Tijuana para apoyar a las personas migrantes. En 2003, después de ocupar el cargo de Procurador de Derechos Humanos del estado, fundó la CCDH en Mexicali. Raúl Ramírez fue amenazado por involucrarse en el caso de desaparición, detención y tortura por parte de militares de miembros de la familia Ruíz Lara, acusados de delitos de delincuencia organizada. El defensor responsabilizó a las autoridades militares por las amenazas sufridas.

“Mi nombre es Raúl Ramírez Baena, actualmente soy director ejecutivo y presidente de la mesa directiva de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, donde nos dedicamos a la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Baja California, uno de los estados más atrasados del mundo en materia de derechos humanos.

A principios de los 80, empecé mi trabajo acercándome a jóvenes de las bandas, drogadictos y delincuentes que habitaban las colonias populares de la ciudad de México, así se conformó, junto con otros activistas, el Consejo Popular Juvenil, que tuvo sus orígenes en Santa Fe con los famosos “Panchitos”, un grupo de vándalos que se transformaron en activistas defensores de sus derechos, principalmente contra los abusos que cometía la policía contra ellos. A finales de los 80 me trasladé a Tijuana, era una zona que yo ya conocía y que me atraía por el fenómeno migratorio. Ahí comencé a participar dando pláticas sobre derechos humanos en la Casa del Migrante, también llamada Centro Scalabrini. Duré unos años analizando y conociendo casos, aquí me di cuenta de la extrema vulnerabilidad de esta población, que en los últimos años se ha agudizado con la irrupción de la delincuencia organizada.”

Exige a las autoridades que actúen

para que México deje de ser uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos.

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“En 1993 me involucré formalmente para trabajar en este centro donde se instituyó el Programa de Derechos Humanos de Migrantes en 1996. Posteriormente, formamos lo que hoy se conoce como la Coalición Pro Defensa del Migrante; fui miembro fundador y secretario de esta asociación civil. Logramos la cooperación del gobierno estatal y del gobierno federal para seguir expandiendo los apoyos asistenciales de las casas de migrantes. Acudíamos a los centros de detención en el sur de California y tomábamos nota, entrevistábamos a los migrantes y le reportábamos a la autoridad estadounidense los abusos que registrábamos sobre el trato, las estancias, los lugares, la comida, los servicios de salud y los horarios de deportación. Denunciar los delitos que comete la policía migratoria causó mucho impacto en el gobierno. A modo de protesta, comenzamos a poner, en el aeropuerto de Tijuana, tantas cruces como muertos contabilizamos desde el 1 de octubre de 1994 —fecha en que arrancó el Operativo Guardián, que consistió en construir bardas metálicas para sellar la frontera—, con esas cruces recorrimos varias partes del país.

A partir del año 2000, ejercí el cargo de procurador de los Derechos Humanos de Baja California, donde creé el Programa Estatal de Asuntos Migratorios e Indígenas, el Programa de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, el Programa de la Mujer y el Menor, además de promover los Derechos Humanos a través de actividades culturales.”

“En 2003 invité a varias personalidades para conformar la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, con la que en 2008 empezamos a litigar casos sobre violaciones graves, incluso vinculadas con algunas ONG de la ciudad de México. Hace un par de años, empezaron a llegar en cascada las quejas pidiendo nuestra intervención; conocimos uno de los casos más graves, que se dio en el puerto de San Felipe del Municipio de Mexicali, donde en un cuartel militar localizado a 200 km del desierto se torturó y ejecutó extrajudicialmente a un pescador. Al investigar, nos dimos cuenta de casos similares ocurridos en este mismo sitio, donde detenían personas bajo el mismo patrón: con droga, con armas, torturados y consignados al Ministerio Público. Ante la insistencia de mis denuncias, recibí una amenaza de muerte, por suerte, no sucedió nada.”

CCDH Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste A.C.

Facebook: https://www.facebook.com/pages/CCDH-Comisi%C3%B3n-Ciudadana-de-Derechos-Humanos-del-Noroeste-AC/861672087185310

Twitter: @RalBaena

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