Silvia Castillo Salgado, directora del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Chilpancingo, Guerrero.

Silvia Castillo defiende los derechos de las mujeres víctimas de violación o violencia intrafamiliar, así como sus derechos sexuales y reproductivos. Por su activismo, la defensora y su familia recibieron amenazas vinculadas con su labor. A pesar de las denuncias interpuestas, no hay avances en las investigaciones. Al día de hoy, está desplazada de su lugar de trabajo y ha tenido que abandonar la organización.

Soy originaria de la sierra de Guerrero, tengo 48 años de edad y pertenezco, desde su fundación en 1997, al Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, que nació como respuesta a las violaciones que se daban por parte de la policía judicial que subía a la sierra y detenía hombres, los torturaban sin ninguna razón y los extorsionaban. Ingresé al instituto durante mi servicio social y actualmente soy la directora. Trabajamos la defensa jurídica de los derechos humanos, posteriormente, debido a las grandes denuncias que llegaban a la oficina por parte de mujeres, comenzamos a atender los derechos de este colectivo.

El Instituto fue pionero en la defensa a mujeres. Al principio nos decían que no podíamos dar esta atención porque no éramos una institución de gobierno. Sin embargo, seguimos no solamente en la labor de acompañamiento, sino también revisamos el marco jurídico y a las instituciones que estaban para dar atención a las mujeres y ahí se abrió un abanico de problemáticas y razones para enfocarnos en este tema con más urgencia.

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para que México deje de ser uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos.

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La defensa de los derechos de las mujeres es muy complicada, sobre todo en un estado como Guerrero; comenzamos a trabajar el feminicidio (que en ese momento no estaba tipificado), hacíamos fichas de cada caso, solicitábamos información a las instituciones para tener mayores elementos para buscar justicia. Comencé a tener pesadillas en las que todas las mujeres me gritaban. Desde el principio del trabajo se nos vio como feministas y eso es mal visto, porque atentas contra las estructuras sociales que existen, porque quieres fomentar el libertinaje, porque empiezas a cuestionar las buenas costumbres, los roles, las buenas familias.

Las agresiones empezaron cuando comenzamos a trabajar el tema de la privación de la libertad, nos dimos cuenta que de las 2 mil 700 denuncias de violación no había ninguna interrupción legal del embarazo. Conjuntamente con otras organizaciones denunciamos esta situación, manejábamos cifras y le exigíamos a la Procuraduría del estado. Vimos que las mujeres que estaban encarceladas por abortar, habían sido procesadas por homicidio en razón de parentesco. Las únicas sentencias que había eran en contra de las mujeres y les aplicaron la pena máxima… Se nos ocurrió buscar mujeres procesadas por abortar y no había, pero cuando buscamos mujeres procesadas por homicidio en razón de parentesco, ahí sí encontramos. Cuando nosotros avanzamos por un lado el gobierno va por el otro. Nosotras hemos ayudado a que tres mujeres recuperen su libertad por ese delito.

Empezamos a confrontar a las instituciones y comenzaron las amenazas. Cuando me amenazaron con matar a mi hija decidí salir de Guerrero. Poco después de irme, asesinaron a una defensora. Desde entonces, sigo con mi actividad, pero no con la misma intensidad que antes. Noté lo mal que estaba física y psicológicamente, incluso entendí que mi hija también sufría de dolores de cabeza y pesadillas.

El haber tenido contacto con otras organizaciones me hizo ver que necesitamos mayores y mejores estrategias en el trabajo. Nuestro trabajo tiene que cambiar; no solamente el mío, el de todas las compañeras, sino seguiremos abonando a la lista de defensoras ejecutadas. Me da coraje con las cosas que pasan, pero también veo que hay muchas personas en muchos lugares luchando y quienes tenemos un poquito más de conciencia tenemos que aprovecharlo para hacer lo que podemos.

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